Suscríbete al boletín gratuito de Chalkbeat en Tennessee para estar al día sobre las políticas estatales educativas y las escuelas del condado Memphis-Shelby.
Aunque el senador estatal Todd Gardenhire es un republicano conservador de Tennessee, no comparte la opinión que tiene su partido en relación con los hijos de personas que ingresaron al país de manera ilegal. El legislador se opone a quienes celebran la política estricta del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
Desde 2012, cuando asumió el cargo, Gardenhire ha patrocinado diversos proyectos de ley para otorgar a todos los estudiantes de Tennessee acceso a la matrícula universitaria estatal, independientemente de su situación migratoria. Si bien respalda los vouchers escolares para escuelas privadas, se opuso al plan de vouchers limitados del gobernador Invoice Lee en 2019, ya que excluía a los estudiantes indocumentados.
Este año, está patrocinando un proyecto de ley que busca excluir a los oficiales de seguridad escolar de una reciente ley estatal. Esta legislación establece que las agencias de policía deben avisar a las autoridades de inmigración federal al identificar a individuos que residen de manera ilegal en los Estados Unidos.
“Si consultas el Antiguo Testamento, es evidente: las Escrituras dejan claro que no se debe castigar a los hijos por lo que hicieron sus padres”, comentó Gardenhire.
“No debemos involucrar a los agentes escolares en políticas de management que provoquen temor en los niños y los alejen de la escuela”, agregó. “La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y para recibir educación”.
Pocas horas después de que el nuevo presidente asumiera el poder, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos eliminó una política de 30 años. Dicha política impedía a los agentes de inmigración realizar arrestos en áreas “sensibles”, como escuelas, iglesias y hospitales. En su lugar, la agencia emitió un memorando que establece que deberán actuar con “sentido común” en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Según cómo se desarrolle, el cambio podría afectar a cada escuela en Estados Unidos y transformar la percepción pública de la política migratoria de Trump.
“Esto no afecta únicamente a las familias inmigrantes”, señaló Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.
“Esto también afectará a los estudiantes que se preocupan por sus compañeros de clase y amigos, a los maestros que se preocupan por sus alumnos, y a los ciudadanos que se preocupan por sus vecinos”, dijo.
La organización cree que aplicar las leyes migratorias con arrestos en las escuelas o en sus alrededores, especialmente cerca de niños, sería una experiencia traumática y una distracción para los estudiantes y docentes.
“Considero que habrá un rechazo inmenso por parte de la gente, y podría ser un límite que ni siquiera los republicanos conservadores estén dispuestos a cruzar”, afirmó Sherman Luna.
En todo el país, se estima que 4.4 millones de niños nacidos en EE. UU. tienen al menos un padre sin estatus authorized en el país, y unos 733,000 niños en edad escolar son indocumentados. En Tennessee, aproximadamente 12,000 niños en edad escolar son indocumentados.
La mayoría de los estadounidenses afirman que apoyan la deportación de inmigrantes que están ilegalmente en el país, pero muchos no están de acuerdo con el uso de medidas severas para cumplir con ese objetivo, según una encuesta de Axios-Ipsos realizada este mes. Por ejemplo, la mayoría se opone a las deportaciones rápidas que separan familias o a la deportación de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país cuando eran niños, según indica la encuesta.
Autoridades locales y estatales enfrentan las nuevas políticas migratorias
Las políticas del nuevo presidente parecen estar dirigidas a todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal, no solo a aquellas que cometen delitos mientras están en los Estados Unidos.
Esta semana, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales a demandar a los funcionarios locales que se nieguen a colaborar con la administración de Trump en la implementación de la agenda migratoria del presidente.
El gobernador de Tennessee, Invoice Lee, ha llamado una sesión especial de la legislatura esta semana para tratar la aplicación de las políticas migratorias y otros asuntos. Tanto el gobernador como otros líderes republicanos quieren nombrar a un oficial estatal de management migratorio y penalizar a los funcionarios públicos que se resistan a las nuevas políticas de inmigración tanto a nivel federal como estatal.
Quienes abogan por las familias inmigrantes confían en que líderes conservadores como Gardenhire continúen respaldando en los asuntos educativos, en un estado donde los republicanos dominan la mayoría de los niveles de gobierno.
Gardenhire, de 76 años, con su carácter a veces brusco y otras poético, se ha convertido en un aliado inesperado de uno de los grupos estudiantiles más marginados históricamente en Tennessee. Su distrito abarca gran parte de la zona urbana de Chattanooga, así como los condados rurales de Bledsoe, Marion y Sequatchie.
“El senador Gardenhire tiene un fuerte sentido de los principios y representa a un distrito único, en el que la población de estudiantes inmigrantes está en aumento”, expresó Sherman Luna.
Hace una década, mientras ocupaba el cargo de directora de políticas de la coalición de derechos de inmigrantes más antigua del estado, Sherman Luna colaboró con Gardenhire en el proyecto de ley de matrícula estatal. Aunque fue aprobado en el Senado, le faltaron algunos votos en la Cámara.
“Tiene un enorme corazón por las familias inmigrantes”, expresó Sherman Luna. “Comprende no sólo la humanidad de estos niños y sus familias, sino también que el progreso del condado de Hamilton está ligado a nuestra habilidad para educar a los estudiantes, ayudándolos a graduarse y a convertirse en miembros productivos de sus comunidades”.
La Asociación de Sheriffs de Tennessee apoya la iniciativa de Gardenhire para excluir a los oficiales de seguridad escolar de la nueva ley. Dicha ley requiere que las agencias policiales asistan a las autoridades federales en la identificación, detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
“El propósito de un oficial de recursos escolares es garantizar la seguridad en las escuelas y construir relaciones de confianza con los estudiantes y los profesores”, afirmó Jeff Bledsoe, director ejecutivo de la asociación. “Los niños no deberían temerle a sus SROs (oficiales de recursos escolares)”.
Por su parte, Gardenhire está estudiando de qué manera las nuevas políticas de inmigración podrían impactar en su propuesta de ley, mientras reflexiona sobre sus convicciones religiosas, morales y económicas.
“Me siento llamado a trabajar para educar a la mayor cantidad de niños posible, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan, y a protegerlos”, expresó Gardenhire. “En el Día del Juicio, todos tendremos que responder ante alguien por cómo tratamos a los niños pequeños”.
Traducido por Flavia Melisa Franco
Marta Aldrich trabaja como corresponsal senior y se especializa en temas de la legislatura estatal para Chalkbeat Tennessee. Puedes contactarla en maldrich@chalkbeat.org